Teniendo en cuenta que la referencia obligada para todas las leyes es la Constitución vigente, vemos como un irrespeto a la voluntad popular soberana que se impongan muchos de los cambios rechazados mediante la publicación inconsulta y sorpresiva de un conjunto de leyes con elementos de carácter estatizante, autoritario y centralizador. Los nuevos decretos-leyes contienen rasgos anticonstitucionales, otorgan mayor poder al Ejecutivo Nacional para el control de numerosas áreas de la vida del país, en detrimento de las personas e instituciones, y cercenan múltiples derechos políticos y sociales de los ciudadanos. (Texto completo)
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