Lo que ha ocurrido en Honduras se puede denominar como un golpe de Estado de nuevo tipo. En efecto, aunque la destitución del ahora ex presidente Manuel Zelaya fue ejecutada mediante un acto de fuerza militar, es evidente que las Fuerzas Armadas no actuaron sólo por su propia iniciativa, sino en coordinación con los poderes civiles del Estado y las fuerzas democráticas del país.
Así lo demuestra el hecho de que inmediatamente después de que Zelaya fue derrocado, el Congreso confirmó la destitución y lo sustituyó de conformidad con el procedimiento constitucional establecido. Además, no se suspendieron las garantías constitucionales y el Tribunal Electoral ratificó la convocatoria a las elecciones para elegir al próximo Presidente de la República y a los nuevos diputados, programadas para el 29 de noviembre de este año, es decir, apenas dentro de cinco meses.
En realidad, lo de Honduras no ha sido el clásico golpe militar latinoamericano del siglo pasado, cuando los ejércitos encabezados por jefes militares “gorilas” derrocaban a los gobiernos democráticos, tomaban en sus manos todos los poderes del Estado, suprimían las garantías constitucionales y los derechos y libertades de los ciudadanos, e imponían sangrientas dictaduras para largo tiempo, como fue el caso, por ejemplo, de la tiranía militar de Chile que encabezó el general Augusto Pinochet.
Sin embargo, de todas maneras es lamentable que la democracia hondureña, y con ella la centroamericana y también la latinoamericana, haya tenido que sufrir este tropezón por culpa de un mal presidente, que con sus acciones contrarió los intereses y lastimó los sentimientos de la mayoría de la población hondureña; y quien, a cualquier precio quería imponer un proceso de reforma constitucional que abriera las puertas a la reelección presidencial, que en el sistema constitucional de Honduras es calificada como delito de traición a la patria. De manera que de todo lo que ha ocurrido hay que culpar al mismo presidente hondureño destituido, así como a sus mentores del Alba, que quieren destruir la democracia gozando de plena impunidad.
En todo caso, es deseable que en el futuro no tenga que ocurrir de nuevo la destitución de ningún otro presidente por sus excesos autoritarios. Y para eso es imperiosamente necesario que se respeten las normas de la democracia y del Estado de Derecho, entre ellas y en primer lugar la garantía de elecciones libres y transparentes y la no reelección.
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Foto/Reuters
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