Quiero declarar que la justicia en Cuba no anda como debiera a pesar del triunfalismo en los medios difusivos; pero si dentro de esta obvia crisis de valores que sufre el país, me es permitido señalar como una de las dolencias más agudas de nuestra sociedad, no vacilo en exponer que es un sistema penal dependiente y arbitrario.
Dependiente, porque llegado el momento de la decisión judicial, una impugnación solo sería legal por conducto del fiscal mediante su arbitrio como no sucede en democracias donde exista la división de poderes y la ley y la justicia para nada tienen que rendirle cuentas a la política ni al ejecutivo. Y arbitrario porque desde hace más de cuarenta años la sociedad civil de este país perdió su derecho a ser representada como parte ante el proceso penal y enfrentarse directamente al tribunal a exigir justicia. En el sistema penal cubano los militares sí conservan ese derecho, un derecho de minoría; pero el mayor por ciento de esta sociedad solo está facultada, sea cual fuere el acto de que haya sido víctima, a ser llamada ante un tribunal como simple testigo. Este vacío jurídico, este escamoteo a nuestro valor ciudadano que nos convierte en siervos del Estado –desconocido por la mayoría de la población–, lo intenta llenar como representación la fiscalía. Y si como en este caso que ustedes seguramente han seguido de cerca, el fiscal jefe de la provincia casi se convierte en abogado defensor de los asesinos de mi hijo y hasta se compadece del sufrimiento de los familiares de los victimarios y no del nuestro, ¿qué queda para nosotros y para los demás que han pasado por una situación parecida pero que se ha silenciado? Porque las personas se enteran de los crímenes ocurridos por los comentarios en la calle y rara vez por los medios de difusión reglamentarios y estatales. (Leer texto completo en el blog La Furia de los Vientos)
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